Destacadas

Procuraduría General de Justicia, el instrumento del pueblo en contra de la corrupción

Escrito por : Ivania Gutiérrez 6 de agosto de 2025

La Asamblea Nacional aprobó en Primera Legislatura, la reforma constitucional que crea la Procuraduría General de Justicia, un nuevo instrumento del Estado nicaragüense que no permitirá de ninguna manera disfrazar o encubrir intereses ajenos al pueblo para cometer infames actos de robo y saqueo.

Esta Procuraduría tiene como objetivo proteger el patrimonio del pueblo y asegurar que cada recurso público sea destinado al bienestar colectivo. La aprobación de esta ley refleja el trabajo arduo, coherente y comprometido del Gobierno Sandinista, que continúa fortaleciendo las estructuras del Estado para servir con dignidad, firmeza y amor a las familias nicaragüenses.

Con el firme compromiso de resguardar los intereses del pueblo nicaragüense y fortalecer la institucionalidad revolucionaria, la Copresidencia de la República orientó la creación de la Procuraduría General de Justicia, como parte de la campaña permanente “Tod@s contra la Corrupción”.

Reforma constitucional fortalece la justicia popular

La reforma a los Artículos 132, 159 y 160 de la Constitución Política de la República de Nicaragua establece la Procuraduría General de Justicia como órgano rector en la identificación, persecución, procesamiento y penalización de actos de corrupción que atenten contra el patrimonio del pueblo.

Con esta reforma, el Estado de Nicaragua reafirma su posición firme y decidida: no se permitirá, bajo ninguna circunstancia, el encubrimiento de actos que lesionen el Erario ni los bienes del pueblo. La Procuraduría General de Justicia será garante de que ningún acto de robo o saqueo quede impune.

Integración institucional para la defensa del pueblo

La nueva Procuraduría estará conformada por los órganos de la actual Procuraduría General de la República, el Ministerio Público y otras entidades con funciones afines. Esta articulación permitirá una acción más efectiva en la protección del Patrimonio Nacional, fortaleciendo la capacidad del Estado para enfrentar delitos que buscan vulnerar los derechos del pueblo.

La Constitución, las leyes y todas las instituciones del Estado están llamadas a contribuir activamente en esta cruzada nacional contra la corrupción. El Gobierno Sandinista reafirma que la defensa de los intereses supremos de la Patria y el Pueblo es una tarea colectiva, permanente y revolucionaria.