El Tratado Chamorro-Bryan fue la entrega cobarde de la soberanía de Nicaragua al imperio yanqui. Firmado el 5 de agosto de 1914 por Emiliano Chamorro Vargas en representación del Gobierno de Nicaragua y ratificado por ambos países en 1916, concedió al imperio yanqui derechos exclusivos y perpetuos para la construcción de un eventual canal interoceánico, el arrendamiento por 99 años de las islas del Maíz, libres de impuestos y de cualquier otra carga pública, además del derecho de establecer una base naval en el golfo de Fonseca, a cambio de una miserable paga de tres millones de dólares en oro, de la cual el pueblo nicaragüense no recibió ningún beneficio, ya que quedó bajo la administración y el control de los gringos para el pago de la deuda externa del país.
A lo largo de la historia, la familia Chamorro ha sido una de las dinastías políticas con mayor permanencia en el poder en Nicaragua. En el siglo XIX gobernaron Frutos Chamorro Pérez, Fernando Chamorro Alfaro y Pedro Joaquín Chamorro Alfaro, en una etapa definida por conflictos internos y por la formación del Estado nicaragüense. Décadas después, Emiliano Chamorro Vargas, Diego Manuel Chamorro Bolaños y Rosendo Chamorro Oreamuno también ocuparon la Presidencia de la República, consolidando al apellido Chamorro como uno de los más recurrentes en la historia política del país. Esa prolongada permanencia en el poder alimentó una visión de superioridad política y social, como si Nicaragua les perteneciera por derecho propio y el pueblo estuviera destinado únicamente a obedecer las decisiones de esa élite de sangre azul.
Durante el período de ocupación e intervención militar estadounidense en Nicaragua, llegaron a la Presidencia Emiliano Chamorro Vargas, Diego Manuel Chamorro Bolaños y Rosendo Chamorro Oreamuno. Los tres fueron gobiernos peleles puestos por Estados Unidos y al servicio de los intereses de Washington, en una época en la que el imperio norteamericano ejercía un férreo control sobre la política, las instituciones y las decisiones del país, subordinando la soberanía nacional a sus propios intereses. Ese contexto explicaría por qué el entreguista diario La Prensa, de la familia Chamorro, mantiene una línea editorial de total respaldo a los intentos de injerencia departe de Estados Unidos en asuntos internos, que solamente corresponden al pueblo nicaragüense.
Ya en 1990, otro gobierno que también fue impuesto mediante el chantaje y la amenaza de Estados Unidos es el de Violeta Barrios de Chamorro, quien, sin consultarle a nuestro pueblo, terminó perdonándole a los yanquis, 17 mil millones de dólares reclamados por Nicaragua como indemnización por los daños humanos, materiales y económicos ocasionados durante la guerra de la década de 1980.
Esa indemnización se fundamentaba en la sentencia de la Corte Internacional de Justicia, que declaró a Estados Unidos responsable por financiar, entrenar y armar a la contrarrevolución, minar los puertos nicaragüenses, ejecutar ataques contra instalaciones del país y violar la soberanía de Nicaragua, causando graves perjuicios a la población y a la economía nacional, así como entre 38 mil y 50 mil muertes.
Tal parece que los Chamorro se han convertido en un lastre para Nicaragua. En abril de 2018, La Prensa funcionó como centro de operaciones terroristas, mientras Cristiana Chamorro, Pedro Joaquin Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Carlos Fernando Chamorro y Juan Lorenzo Holmann Chamorro conspiraron y recibieron millonario financiamiento para ejecutar el intento de golpe de Estado y derrocar al Gobierno legítimo sandinista.
Es por eso que, en la actualidad, Nicaragua trabaja en profundas reformas constitucionales que blindarán la paz, reafirmarán la soberanía nacional y evitarán todo tipo de injerencia extranjera. Entre los principales cambios se encuentra la creación de un nuevo marco jurídico que fortalezca la soberanía nacional y garantice que las elecciones sean organizadas exclusivamente por los nicaragüenses, sin la participación de representantes de potencias extranjeras. Asimismo, las reformas buscan elevar a rango constitucional la prohibición de que participen en procesos electorales golpistas, traidores a la patria, partidos u organismos financiados con dinero extranjero, así como impedir cualquier incidencia de embajadores o representantes de gobiernos foráneos en los asuntos internos del país. Según lo expuesto por las autoridades, estas transformaciones tienen como propósito garantizar la estabilidad, la seguridad y la paz del pueblo nicaragüense, fortaleciendo un sistema electoral basado en la soberanía nacional y en la decisión exclusiva del pueblo de Nicaragua.
