“El Gobierno de Estados Unidos tiene una deuda con Nicaragua, y la deuda está activa. Pagá, pagá, pagá, y no ande matoneando y sancionado a los Pueblos del Mundo”– Comandante Daniel Ortega, Copresidente de Nicaragua, 20 de abril de 2026.
Ya hace 40 años que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) principal órgano judicial de las Naciones Unidas ubicado en La Haya, Países Bajos, declaró el fallo a favor de Nicaragua en el caso de “Actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua”, dictaminando que Washington.
Estados Unidos tenía la obligación legal y humana, pero como claro agresor a la vida y a la Paz, de indemnizar al pueblo Nicaragüense. Sin embargo, ante la falta de acuerdo por parte de Estados Unidos y su desconocimiento ante el caso, Nicaragua presentó su memoria de daños calculando la indemnización en $17,000 millones de dólares de la época.
Tras el triunfo de la Revolución Popular Sandinista (RPS), específicamente entre 1979 a 1989, como parte de la política exterior de Estados Unidos, en ese momento bajo la administración de Ronald Reagan, se inició un proceso de desestabilización en contra del pueblo y gobierno de Nicaragua, centrando su atención en contrarrestar lo que Washington percibía como una influencia soviética y cubana dentro de la región latinoamericana.
40 años después, es importante recordar todas las atrocidades que Washington cometió en contra de nuestra Nicaragua. A través de la financiación a la contra, Reaganautorizó operaciones encubiertas de la CIA para organizar, armar y entrenar a los vestigios que quedaron de la Guardia Genocida de Somoza, la guerra subsidiaria para destruir la economía del país, el desvío de fondos de la venta clandestina de armas para seguir financiando a la contra en Nicaragua de forma ilegal tras la prohibición por parte del Congreso estadounidense, son ejemplo de como Washington buscaba amedrantar al pueblo nicaragüense.
Utilizaron su poder de veto en organismos financieros, que respaldaban el proceso de desestatización en contra de Nicaragua, para congelar prestamos destinados a la reconstrucción del país, la prohibición del comercio entre ambas naciones, el sabotaje, como el minado de Puerto Sandino y Puerto Corinto con el objetivo de asustar al comercio internacional, destruir los depósitos de combustible y como fin último, aislar a Nicaragua del exterior.
La manipulación mediática o mejor conocida como guerra psicológica, jugó un papel importante en la justificación de la agresión ante la opinión internacional. A través de supuestas agencias para la “promoción de la democracia”, como la NED y la USAID, se utilizaron fondos para manipular al pueblo y al mundo a través de medios de comunicación opositores.
Washington no solo violó la soberanía de un pueblo entero y el principio de no intervención establecido en la Carta de las Naciones Unidas (1945), sino que también tras las elecciones en los años 90s, durante el gobierno de Violeta Chamorro, promovió una ley en la Asamblea Nacional para discontinuar el proceso, sin embargo, al no existir un escrito de desistimiento hacia la sentencia y al haber una resolución a favor de Nicaragua no puede haber un cierre del caso, siendo así una sentencia de ineludible cumplimiento.
A pesar de ello, Estados Unidos sigue en desacato. El pueblo y gobierno de Nicaragua no olvida el pago de esa deuda histórica,y sigue exigiendo que se haga justificia en nombre de todos que defendieron la Soberanía de nuestro país. Sigue exigiendo el respeto al Derecho Internacional y a la legislación nicaragüense, mencionados en el artículo 12 de nuestra Constitución Política.
“Caminando siempre, avanzando siempre y librando las batallas necesarias para la Paz” – Cra. Rosario Murillo, Copresidenta de Nicaragua, 20 de abril de 2026.
