La Procuradora General de Justicia, Wendy Morales, afirmó que el primer año de funcionamiento de la Procuraduría General de Justicia ha permitido consolidar un modelo institucional que fortalece la defensa del Estado, la protección del patrimonio público, la lucha contra la corrupción y la atención integral a la ciudadanía.
Durante una entrevista en el programa La Notificación, Morales explicó que la transformación de la antigua Procuraduría General de la República representa uno de los cambios institucionales más relevantes impulsados tras la reforma constitucional.
«La transformación más representativa que pudo tener esta Procuraduría fue la reforma constitucional realizada hace un año. Hoy contamos con un rango constitucional que robustece nuestra actuación en representación del Estado y en la defensa de los derechos de las víctimas», expresó la Procuradora General de Justicia.
Procuraduría General de Justicia integra funciones para agilizar la atención
La funcionaria explicó que la incorporación del Ministerio Público, el Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP) y otras dependencias permite concentrar servicios y facilitar la atención a la población.
Según Morales, este modelo evita la dispersión institucional y agiliza los procesos administrativos y jurídicos.
«La población ahora puede acudir a una sola institución. La información fluye mejor, los procesos se agilizan y existe una atención integral para los ciudadanos», señaló.
Indicó además que la Procuraduría cuenta con 11 Procuradurías Nacionales especializadas en materias civil, penal, ambiental, constitucional, laboral, familia, recursos naturales, municipalidades y otras áreas, además de delegaciones en todos los departamentos del país y las dos regiones del Caribe.
Más de 9,600 acusaciones durante el primer año
En materia penal, Morales informó que, tras la incorporación del Ministerio Público, se han presentado aproximadamente 9,632 acusaciones, principalmente por delitos patrimoniales, narcotráfico, lavado de activos y crimen organizado.
«Hemos sido enfáticos en continuar una política de cero tolerancia frente al narcotráfico, el lavado de activos, el crimen organizado y cualquier acto de corrupción, por pequeño que sea», afirmó.
La Procuradora subrayó que el combate a la corrupción también incluye acciones preventivas mediante capacitaciones y programas impulsados por la Oficina de Ética Pública.
«Nuestra responsabilidad es garantizar que los recursos del Estado lleguen a donde deben llegar: educación, salud, transporte y todos los programas sociales destinados al pueblo nicaragüense», destacó.
Seguridad jurídica impulsa inversión y desarrollo
Morales explicó que la defensa del patrimonio estatal también fortalece la seguridad jurídica, condición que favorece la inversión, el crecimiento económico y el desarrollo de nuevos proyectos públicos.
«Garantizar que los recursos del Estado se utilicen correctamente permite construir más viviendas, hospitales, parques, centros recreativos, casas maternas y obras para beneficio de las familias nicaragüenses», expresó.
Añadió que la Procuraduría mantiene un acompañamiento permanente a las municipalidades mediante procesos de planificación, supervisión y capacitación para asegurar la correcta ejecución de los proyectos públicos.
Ciudadanía puede denunciar actos de corrupción
La Procuradora invitó a la población a participar activamente en la protección del patrimonio nacional mediante la presentación de denuncias cuando detecten posibles irregularidades.
«Las puertas de esta Procuraduría están abiertas para cualquier ciudadano. Hemos recibido denuncias de diversa índole, las hemos atendido y las personas han agradecido sentirse escuchadas», manifestó.
Precisó que la institución trabaja bajo orientaciones de la Copresidencia para garantizar el cumplimiento de la ley, la transparencia administrativa y la protección de los intereses del Estado.
Nicaragua obtiene resultados favorables en litigios internacionales
Wendy Morales también informó que durante este primer año la Procuraduría General de Justicia ha fortalecido la representación jurídica internacional del Estado de Nicaragua.
«Hemos obtenido sentencias favorables en diversos laudos arbitrales internacionales, demostrando la correcta actuación del Estado nicaragüense y defendiendo eficazmente los intereses nacionales», afirmó.
Concluyó señalando que la Procuraduría General de Justicia continuará consolidando un sistema nacional de defensa jurídica que garantice justicia, transparencia y protección del patrimonio público tanto en el ámbito nacional como internacional.
